Reciclar se ha convertido en algo natural para muchos estadounidenses: un sencillo acto que refleja un compromiso compartido con comunidades más limpias y un planeta más sano. Pero si bien esos contenedores azules están llenos de buenas intenciones, no todo lo que se deposita tiene una segunda vida. ¿La buena noticia? Existen innovadoras políticas que están ayudando a cerrar esa brecha, garantizando que se reciclen más materiales y haciendo que el sistema sea más eficaz para todos.

Esta primavera, los legisladores de Maryland y Washington se enfocaron en mejorar los sistemas de reciclaje de sus respectivos estados al promulgar leyes de Responsabilidad Extendida del Productor (ERP, por sus siglas en inglés) para envases. Este paso crucial hacia la modernización de los sistemas estatales de reciclaje generará el verdadero tipo de cambio que los habitantes de Maryland y Washington merecen. Ahora se unen a otros cinco estados, incluyendo California, Colorado, Maine, Minnesota y Oregón, que también cuentan con leyes de ERP para envases.

ERP es un concepto sencillo con resultados impactantes. Desvía el costo y la responsabilidad de la gestión de los residuos plásticos de los contribuyentes y los gobiernos locales a quienes corresponde: a las empresas que los generan.

Las leyes de ERP exigen que los productores financien y ayuden a gestionar la recolección, clasificación y reciclaje de sus envases. Esto crea un incentivo financiero directo para diseñar productos reutilizables, reciclables o compostables. Además, ayuda a evitar que los materiales acaben en vertederos, incineradores y la naturaleza.

Cuando se implementa la ERP, estas leyes fortalecen el financiamiento, establecen estándares más claros y priorizan las inversiones en la infraestructura existente, garantizando así el éxito de los programas que ya funcionan. El objetivo no es empezar de cero, sino aprovechar lo que funciona e implementarlo a gran escala.

Si bien el financiamiento de ERP recae en las empresas, en cada estado se crean organizaciones sin fines de lucro dirigidas por productores, llamadas Organizaciones de Responsabilidad del Productor (o PRO, por sus siglas en inglés), para supervisar la implementación, garantizando que el sistema funcione eficientemente y rindiendo cuentas por los resultados. Y lejos de reemplazar los servicios existentes, estas leyes garantizan que los productores reembolsen a los gobiernos locales la mayor parte de los costos de gestión de residuos, lo que permite a los condados y municipios de estos estados mantener los programas que ya implementan, aliviando al mismo tiempo la carga financiera e impulsando prácticas más sostenibles. Los estados de todo el país han avanzado en materia de reciclaje, pero la labor no ha terminado. Demasiados materiales valiosos siguen terminando en la basura. Y muchos residentes se ven obligados a lidiar con normas poco claras o inconsistentes.

Los líderes gubernamentales de todo el país deberían seguir el ejemplo de Maryland, Washington y otros estados, presentando y aprobando su propia legislación sobre ERP. Hay motivos por los cuales podemos ser optimistas. Otros ocho estados, incluyendo Rhode Island, Tennessee y Hawái, han presentado proyectos de ley sobre ERP en sus legislaturas. Además, cada vez se reconoce más que, en última instancia, la mejor solución es un marco federal de ERP que sustituya la actual disparidad de leyes estatales por un sistema unificado, reduciendo las cargas de cumplimiento para los productores y garantizando estándares de reciclaje uniformes en todo el país.

La ERP nos proporciona las herramientas para corregir lo que no funciona y aprovechar lo que funciona. Cuantos más estados la adopten, más nos acercaremos a un sistema de reciclaje verdaderamente moderno.