Por qué el futuro de la conservación depende de las comunidades
Apoyando la naturaleza y la biodiversidad más allá de las áreas protegidas
Por
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Alex Batka

© Antonio Busiello / WWF-US
Puntos clave
- Las consideradas como Otras Medidas Efectivas de Conservación Basadas en Áreas (OMEC) constituyen una forma de contabilizar los esfuerzos de conservación más allá de las áreas protegidas.
- Estas tierras y territorios a menudo se conservan mediante sistemas de gestión y prácticas de larga duración, arraigados en el conocimiento local. Sin embargo, con frecuencia carecen de reconocimiento legal y apoyo financiero, y se encuentran bajo presión debido a actividades extractivas como la extracción de petróleo y la minería.
- Un nuevo informe de WWF sintetiza los hallazgos de seis países y concluye que reconocer y fortalecer los esfuerzos de conservación más allá de las áreas protegidas es fundamental para el futuro de la protección de la biodiversidad.
En todo el mundo, los países se han comprometido a detener y revertir la pérdida de la naturaleza. En el marco de la Meta 3 del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, los gobiernos acordaron conservar al menos el 30% de las tierras y los mares para el año 2030. Si bien las áreas protegidas siguen siendo esenciales para alcanzar esta meta de conservación, este marco permite a los países reportar las OMEC, creando así una importante vía para reconocer los diversos esfuerzos de conservación fuera de las áreas protegidas.
Muchos países, particularmente en América Latina, ya han establecido y ampliado sus sistemas nacionales de áreas protegidas, y se encuentran bien encaminados para alcanzar sus metas nacionales y globales de conservación basadas en áreas. No obstante, para que estas sean efectivas, deben formar parte de un mosaico de corredores interconectados y áreas de conservación dentro de paisajes más amplios.
El informe From Potential to Action: OECMs and Inclusive Conservation in Latin America de WWF demuestra que se han realizado importantes esfuerzos para establecer un complejo de áreas de conservación complementarias fuera de las áreas protegidas, y que los esfuerzos de conservación locales —aunque reciben menos apoyo— son significativos. En toda América Latina, existen tierras y territorios gestionados por pueblos indígenas, comunidades locales y actores privados que contribuyen a lograr la conservación de la biodiversidad a largo plazo fuera de las áreas protegidas formales; algunas de estas áreas se superponen con las áreas de conservación complementarias, lo que permite sostener y amplificar, en la práctica, los resultados de la conservación.
Estas tierras y territorios a menudo se conservan mediante sistemas de gestión y prácticas de larga duración, arraigados en el conocimiento local y los valores culturales. Sin embargo, con frecuencia carecen de reconocimiento legal, tenencia segura y apoyo financiero sostenido. Aún más preocupante resulta el hecho de que sufren presiones y grandes amenazas derivadas de actividades extractivas, a menudo facilitadas por los gobiernos (por ejemplo: minería, extracción de petróleo, agricultura intensiva).
El informe sintetiza los hallazgos de seis países y apunta a una conclusión común: la conservación inclusiva es fundamental para el futuro de la protección de la biodiversidad. A medida que los países se acercan a sus metas basadas en áreas, el progreso dependerá cada vez más del reconocimiento y el fortalecimiento de los esfuerzos de conservación más allá de las áreas protegidas tradicionales.
Lo que revela la investigación
Dos desafíos surgen de manera recurrente en los distintos países: la seguridad de la tenencia y el financiamiento.
Sin derechos legales claros sobre la tierra y los territorios —así como sobre los recursos que estos albergan—, los pueblos indígenas y las comunidades locales se enfrentan a una incertidumbre que puede socavar su labor de custodia a largo plazo. La seguridad de la tenencia suele ser un requisito indispensable para el éxito de la conservación.
El financiamiento también resulta fundamental; sin embargo, la cuestión no se limita simplemente a aumentar los fondos disponibles, sino a diseñar mecanismos que reconozcan y respalden las iniciativas locales para garantizar su sostenibilidad. Herramientas como las exenciones fiscales, los mecanismos de PFP y los pagos por servicios ecosistémicos ofrecen diversas posibilidades. No obstante, el informe enfatiza la necesidad de adaptar estos enfoques a los distintos contextos locales y de asegurar que las comunidades participen de manera importante tanto en la toma de decisiones como en la gestión de dichos recursos.
Lecciones aprendidas en campo
Esta síntesis se fundamenta en 28 estudios de caso que ilustran cómo se materializa este proceso en la práctica, entre los que se incluyen:
- En Perú, las concesiones de conservación representan uno de los modelos más consolidados para salvaguardar la biodiversidad dentro de los bosques públicos. En la región de Madre de Dios, la Asociación de Concesionarios Forestales Maderables y No Maderables de Madre de Dios (ACOMAD) agrupa a titulares de concesiones que gestionan áreas forestales designadas mediante acuerdos con el Estado, orientados específicamente a conservar la biodiversidad y mantener los servicios ecosistémicos. A través de la vigilancia y el monitoreo forestal coordinados, ACOMAD ha fortalecido la supervisión y ha reducido las presiones sobre estos bosques, a pesar de operar con recursos limitados. Este modelo demuestra cómo los titulares de concesiones organizados pueden contribuir a lograr resultados de conservación a largo plazo en tierras públicas, y ofrece lecciones que podrían adaptarse en otras partes del país, particularmente en coordinación con los pueblos indígenas y con pleno respeto a sus derechos territoriales.
- En el Asentamiento Agroextractivista Lago Grande y en el Acuerdo Pesquero de Curuai, en Brasil, las comunidades tradicionales de las llanuras aluviales de la selva baja de la Amazonía han combinado la tenencia colectiva de la tierra con una gestión pesquera de base comunitaria. El Asentamiento Agroextractivista Lago Grande, establecido en 2005, garantiza los derechos territoriales de miles de residentes que dependen de los bosques y de los ecosistemas de llanuras aluviales, altamente productivos. Sobre esta base, el Acuerdo Pesquero —aprobado en 2023— formaliza normas desarrolladas localmente que regulan las temporadas y prácticas de pesca. En conjunto, estos instrumentos vinculan la conservación de los ecosistemas con la justicia social, reforzando la gobernanza colectiva en una de las regiones más biodiversas y productivas de la Amazonía.
- En Ecuador, la Mancomunidad del Chocó Andino (MCA) es una alianza voluntaria de gobiernos locales rurales que trabajan conjuntamente para gestionar un paisaje reconocido por su extraordinario patrimonio natural y cultural, situado en las inmediaciones de Quito. A lo largo de seis parroquias, comunidades, agricultores y autoridades locales han construido una visión territorial compartida que vincula la conservación con medios de vida sostenibles. El resultado es un mosaico de áreas de conservación, iniciativas comunitarias, fincas agroecológicas y esfuerzos de restauración coordinados a través de múltiples niveles y plataformas. Habiendo surgido de los esfuerzos locales para defender los territorios frente a las presiones extractivas, la MCA demuestra cómo la colaboración liderada localmente puede proteger la biodiversidad y, al mismo tiempo, fortalecer las economías rurales y el bienestar comunitario.
- En las laderas suroccidentales de la Sierra Nevada de Santa Marta, en Colombia, la comunidad de Seykún forma parte de una estrategia más amplia del pueblo arhuaco para recuperar su territorio ancestral mediante el establecimiento de comunidades de tipo “talanquera” en áreas estratégicas de la sierra. Fundada en 2008, Seykún ayuda a recuperar y salvaguardar el territorio indígena mediante la compra pacífica de tierras —facilitada por alianzas con colaboradores internacionales— y la restauración de los bosques, fuentes de agua y sitios sagrados. Guiados por la Ley de Origen, estos esfuerzos reflejan un modelo de conservación arraigado en la guía espiritual, la autonomía territorial y la custodia biocultural.
A través de diversos países y contextos, emerge un patrón constante que demuestra que la biodiversidad se beneficia cuando las comunidades cuentan con derechos, reconocimiento y recursos.
Replanteando la conservación
Los hallazgos también cuestionan supuestos planteamientos sobre cómo se define y se mide la conservación. Las áreas protegidas siguen siendo vitales, pero constituyen solo una parte de un panorama más amplio de custodia territorial. El informe hace hincapié en la importancia de integrar los marcos científicos con los sistemas de conocimiento tradicional, así como de desarrollar enfoques de monitoreo que reflejen tanto la salud ecológica como el bienestar comunitario. Este cambio está estrechamente vinculado a los compromisos globales en materia de biodiversidad. A medida que los países trabajan para implementar la Meta 3 y los objetivos relacionados, los enfoques inclusivos ofrecen una vía que promueve la conservación y, a la vez, respalda la resiliencia y los medios de vida locales.
El informe From Potential to Action: OECMs and Inclusive Conservation in Latin America deja claro que los cimientos para esta labor ya existen. Comunidades de toda América Latina están conservando la naturaleza a gran escala. Un paso fundamental consiste en asegurar que las políticas nacionales, los mecanismos de financiamiento y los marcos institucionales reconozcan y respalden dichos esfuerzos.
Para conocer más, la síntesis completa del informe, los análisis por país y los estudios de caso ofrecen una visión más profunda sobre cómo está tomando forma la conservación inclusiva y qué podría significar para el futuro de la biodiversidad.