Proteger a los tigres requiere más que simples arrestos

Los tigres son más que un símbolo emblemático de los bosques de Asia. Como superdepredadores, ayudan a mantener el equilibrio de los ecosistemas ya que regulan las poblaciones de presas y favorecen la salud de los paisajes que comparten con innumerables especies y comunidades. Sin embargo, en gran parte del sudeste asiático, las poblaciones de tigres silvestres continúan en niveles críticamente bajos. Nuevos hallazgos del informe From Seizure to Sentence, elaborado por WWF, GuArdean y TRAFFIC, demuestran que los arrestos por delitos relacionados con los tigres no son suficientes. Para proteger a los tigres silvestres que aún quedan en la región es necesario procesar a los traficantes y hacer que rindan cuentas.

Muy frecuentemente, los casos no llegan al juicio, se desconoce el desenlace o las penas no reflejan la gravedad de los delitos. Cuando los traficantes perciben un riesgo mínimo de sufrir consecuencias graves, el comercio ilegal de tigres sigue siendo rentable, las redes de crimen organizado continúan operando y la caza furtiva de tigres silvestres persiste. Para los tigres, la protección no termina con un arresto; depende de lo que sucede después: desde la investigación y el proceso judicial hasta la sentencia.

Por qué los arrestos no bastan

El informe analiza los arrestos, los procesos judiciales y las sentencias por delitos relacionados con los tigres en Camboya, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Tailandia y Vietnam entre 2019 y 2024. Aunque los siete países estudiados protegen legalmente a los tigres, la respuesta del sistema de justicia penal varía considerablemente. El acceso limitado a los registros judiciales también dificulta saber si los infractores están rindiendo cuentas, en qué puntos del proceso se estancan los casos y qué cambios son necesarios para mejorar los resultados. Estas carencias complican la tarea de garantizar que los delitos contra la vida silvestre reciban la respuesta legal contundente y necesaria para disuadir el tráfico a futuro.

“Las incautaciones y los arrestos por delitos contra los tigres, por sí solas, no son suficientes”, afirma Heather Sohl, responsable de la iniciativa de WWF sobre el comercio de tigres. “Sin procesos judiciales firmes y constantes, ni sentencias significativas, los riesgos para los infractores siguen siendo bajos y los tigres continúan pagando las consecuencias”.

Entre los casos de acceso público revisados en el informe, solo alrededor del 42% derivó en penas como prisión o multas, mientras que el 14% resultó en penas suspendidas. El informe también reveló que los procesos judiciales suelen dirigirse a infractores de bajo y mediano nivel —como cazadores furtivos o transportistas— en lugar de a los organizadores y financiadores que obtienen mayores beneficios de las redes de tráfico.

Fortaleciendo el sistema judicial para ayudar a los tigres

El informe identifica formas prácticas de reforzar la respuesta de la justicia penal ante el tráfico de tigres, mejorando la coordinación y la transparencia en todo el proceso legal y ayudando a investigadores y fiscales a construir casos más sólidos contra los traficantes. Al aprovechar mejor las pruebas forenses, digitales y financieras —y aplicar leyes dirigidas contra el crimen organizado—, los países pueden exigir responsabilidades a los traficantes de manera más eficaz y desmantelar las redes criminales que sustentan este comercio ilegal.

WWF colabora con diversos socios —entre ellos GuArdean, TRAFFIC, gobiernos y organismos encargados de hacer cumplir la ley en todo el sudeste asiático— para convertir estas recomendaciones en acciones concretas. Al promover sistemas de justicia penal más sólidos y la colaboración regional, WWF ayuda a los países a desarrollar respuestas más eficaces contra el tráfico de tigres, protegiendo así mejor a los tigres silvestres que aún quedan en la región.